Xalapa, Ver., 16 de junio de 2026.- Representantes de cerca de un centenar de organizaciones sindicales de Veracruz solicitaron formalmente una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García para analizar las afectaciones que, aseguran, están enfrentando miles de trabajadores afiliados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) derivadas de la aplicación del denominado Sueldo Regulador, criterio que, afirman, ha provocado reducciones de hasta un 40 por ciento en algunas pensiones.
Durante una conferencia de prensa, la C.P. Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (STSPEV) y vocera del bloque sindical, informó que el documento fue entregado al Gobierno del Estado con el respaldo de organizaciones sindicales que representan a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Fiscalía General del Estado, ayuntamientos, organismos descentralizados, instituciones educativas y dependencias de salud.
La dirigente precisó que, aunque el movimiento agrupa a casi 100 organizaciones sindicales, actualmente son 62 sindicatos los que participan de manera formal en la solicitud de diálogo.
Solicitan intervención directa de la Gobernadora
Los sindicatos pidieron la instalación de una mesa de trabajo encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la participación del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y del director general del Instituto de Pensiones del Estado, Luis Octavio Hernández Lara, con el propósito de revisar la aplicación de la Ley 287 del IPE y los criterios utilizados para calcular las pensiones.
De acuerdo con Hernández Cárdenas, la intención es encontrar una solución consensuada que permita brindar certeza jurídica y financiera a los trabajadores próximos a pensionarse, así como a quienes actualmente reciben prestaciones derivadas del sistema pensionario estatal.
El origen de la controversia
La vocera explicó que el conflicto surge a partir de la aplicación del criterio de cálculo previsto en la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado, publicada el 21 de julio de 2014, legislación que sustituyó a las anteriores leyes 5 y 20.
Detalló que la Ley 5 comprendía a los trabajadores que ingresaron al servicio público hasta el 31 de diciembre de 1996, mientras que la Ley 20 regulaba a quienes se incorporaron entre enero de 1997 y el 21 de julio de 2014.
Con la entrada en vigor de la Ley 287 se estableció que el llamado salario regulador se calcularía mediante un promedio ponderado de los salarios de cotización del trabajador. Sin embargo, los sindicatos sostienen que ese criterio estaba destinado principalmente a quienes ingresaron al servicio a partir del 22 de julio de 2014 y no a quienes se encontraban protegidos por regímenes anteriores.
Derechos adquiridos y edades de retiro
Durante la exposición se recordó que la propia Ley 287 reconoció derechos adquiridos mediante disposiciones transitorias.
Según lo explicado por Hernández Cárdenas:
Los trabajadores incorporados hasta el 31 de diciembre de 1996 conservan el derecho a pensionarse con el 100 por ciento de la pensión, al acreditar 30 años de cotización y 53 años de edad.
Los trabajadores incorporados bajo la Ley 20 y aquellos que ingresaron al servicio antes del 26 de noviembre de 2007 pueden pensionarse al cumplir 30 años de cotización y 60 años de edad.
Quienes ingresaron posteriormente quedaron sujetos a las condiciones establecidas en la Ley 287.
La representante sindical señaló que, pese a esos derechos reconocidos en la legislación, desde finales de 2024 comenzó a aplicarse de manera generalizada el criterio del promedio ponderado incluso a trabajadores que consideran estar protegidos por regímenes anteriores.
Denuncian reducciones de hasta 40 por ciento
Los sindicatos afirmaron que la aplicación de este criterio ha generado reducciones de hasta un 40 por ciento en el salario base de cotización utilizado para calcular diversas prestaciones.
Las afectaciones, señalaron, impactan directamente las pensiones por:
Jubilación.
Vejez.
Invalidez.
Incapacidad.
Orfandad.
Fallecimiento.
Asimismo, denunciaron que existen casos de trabajadores con 36, 38 y hasta más años de servicio, que habiendo cotizado por encima de los requisitos establecidos por la ley, han visto disminuido el monto de sus futuras pensiones.
Acusan falta de información y cambios administrativos
Otro de los reclamos expuestos durante la conferencia fue que las modificaciones en los criterios de cálculo se habrían aplicado sin una explicación clara ni una notificación previa a los trabajadores afectados.
Los representantes sindicales señalaron que el cambio comenzó a observarse tras la salida de la entonces directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos, actualmente alcaldesa electa de Xalapa, por lo que solicitaron conocer los fundamentos legales y administrativos que motivaron la modificación en la interpretación del Sueldo Regulador.
Piden regresar al criterio del último salario cotizado
Como principal planteamiento, los sindicatos solicitaron que se restablezca el criterio que permita a los trabajadores amparados por los regímenes anteriores pensionarse con base en el último salario base de cotización al 100 por ciento, siempre que cumplan con los requisitos de edad y años de servicio establecidos por la ley.
Además, pidieron que el Gobierno del Estado atienda el tema con sensibilidad social y abra una ruta de diálogo que permita revisar los casos que actualmente enfrentan reducciones en sus pensiones.
Organizaciones firmantes
El documento entregado al Gobierno del Estado fue respaldado por sindicatos de los sectores gubernamental, educativo, de salud y organismos descentralizados, entre ellos:
STSPEV, SNTE Sección 32, SNTE Sección 56, SIDTEV, AFECUV, SIEDIPEV, SETSE, SETMAV, SIMSEV, SETEV, Liga Magisterial Veracruzana, SUMA, SIFMA, SATEBAEV, SITTEBA, además de organizaciones afiliadas a la CROM, CTM y otros organismos sindicales estatales.
Entre los secretarios generales que respaldan la petición se encuentran:
Dra. Luz María del Carmen Cruz Ortiz (STSPEV)
Lic. Agustín Maroto Jiménez (SIVERMA)
Lic. Mario Ramses Chama Villa (SIMEV)
Lic. Daneskiu Domínguez Meléndez (SIVETSE)
Profr. Gustavo Abel Cadena Carrasco (SMMV)
Lic. José Luis Cid González (SEDTE)
Lic. Silvia Ylenia Salmerón Landa (SRMAV)
Dr. Alejandro Cucurachi Durán (SIATEM)
Lic. José Luis Moreno Landa (INSISTE)
Lic. Francisco Javier González Villagómez (MUTEV)
Lic. Maribel Rodríguez Cueto (SINSE)
Lic. Victoriano Hernández Cruz (OPIMAV)
C.D. David Guillermo Reyes Martínez (SUETYPS)
Lic. Justo Xavier Márquez Carrillo (SETEV)
Los dirigentes sindicales manifestaron su confianza en que el Gobierno del Estado atienda la solicitud y convoque a la mesa de trabajo en los próximos días para revisar los efectos de la medida y buscar alternativas que garanticen los derechos pensionarios de los trabajadores veracruzanos.
