Xalapa, Ver., viernes 17 de abril de 2026. En conferencia de prensa realizada este viernes, el diputado federal del PT por el distrito de Coatepec, Adrián González Naveda, acompañado por integrantes del Frente Contra la Tala Ilegal y en Defensa del Cofre de Perote, denunció la grave crisis ambiental que enfrenta esa región montañosa por el incremento de la tala clandestina, los incendios provocados y la extracción ilegal de tepezil.
Durante el encuentro con medios, ciudadanos organizados, ejidatarios, silvicultores y defensores ambientales advirtieron que en el Cofre de Perote opera desde hace años un patrón sistemático de destrucción ambiental: primero se provocan incendios forestales, después se extrae la madera quemada y finalmente se aprovechan los mismos terrenos para realizar actividades extractivas sin autorización ambiental, especialmente la explotación de tepezil.
El posicionamiento fue respaldado por un boletín de prensa presentado por el Frente, en el que se sostiene que este esquema responde a un mecanismo deliberado para justificar el cambio de uso de suelo y abrir paso a negocios irregulares, mientras las comunidades observan cómo se pierden “manchones completos de bosque”, considerados los últimos pulmones vivos de esta zona estratégica.
Los integrantes del Frente acusaron que, pese a las denuncias presentadas ante la PROFEPA, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la República, las investigaciones han sido tardías, insuficientes o inexistentes. También señalaron la ausencia de peritajes forestales y ambientales, la falta de operativos eficaces en campo y la nula judicialización de los responsables, factores que —afirmaron— han consolidado un ambiente de impunidad.
En el documento difundido se recuerda que el 25 de febrero de 2026, la PMA clausuró una mina de tepezil en la región por carecer de autorización en materia de impacto ambiental; sin embargo, remarcaron que el cierre de un solo sitio no resuelve el problema de fondo, pues persiste una red de ecocidio en la que, denunciaron, participan taladores, aserraderos, transportistas y, en algunos casos, servidores públicos omisos o cómplices.
El Frente sostuvo que resulta inadmisible que, existiendo presencia de policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional y un batallón militar en la zona, no se logre frenar la tala ilegal. Incluso, afirmaron haber documentado el tránsito de camiones cargados con madera de dudosa procedencia que circulan con normalidad y, en algunas ocasiones, hasta con resguardo o custodia, sin que las autoridades actúen.
Asimismo, denunciaron hostigamiento hacia ciudadanos que han acompañado a ejidatarios en la presentación de denuncias y lamentaron que muchos oficios enviados a PROFEPA no hayan recibido respuesta. Aun así, subrayaron que no desistirán y que han conformado redes de vigilancia vecinal, documentado puntos de extracción ilegal con GPS y promovido denuncias ciudadanas con sustento legal.
Los activistas alertaron además que el Cofre de Perote no sólo representa un paisaje forestal, sino una “fábrica de agua”, ya que sus bosques de pino y oyamel captan humedad, recargan mantos acuíferos y regulan el clima de buena parte de la región capital. En ese sentido, advirtieron que la pérdida de cobertura forestal incrementa la erosión del suelo, eleva el riesgo de inundaciones en zonas bajas y favorece la propagación de incendios en épocas de sequía.
Entre las exigencias del Frente se encuentran la instalación de operativos permanentes y coordinados entre PROFEPA, SEDEMA, la SSP Veracruz, el Batallón Militar y la Guardia Nacional; la realización de investigaciones forenses ambientales para determinar el origen de los incendios; la judicialización ejemplar de los responsables, incluidos funcionarios omisos; la reparación integral del daño ambiental causado por la extracción ilegal de tepezil; y la protección efectiva para las personas defensoras del ambiente.
Por su parte, el diputado Adrián González Naveda señaló que el Frente surgió como un esfuerzo de articulación ciudadana para dar mayor fuerza a las denuncias y convertir la defensa del Cofre de Perote en una causa colectiva. Hizo un llamado a ciudadanos, comunidades y ejidos a sumarse a esta organización, al sostener que solo mediante la acción conjunta podrá defenderse el territorio y detenerse la depredación.
El legislador explicó que desde hace aproximadamente año y medio se han enfrentado diversos casos y que, desde que asumió su cargo como diputado federal en septiembre de 2024, la defensa de esta región se convirtió en una prioridad. Informó que se han promovido al menos 10 denuncias, algunas de las cuales ya presentan avances relevantes.
Entre los casos más avanzados mencionó el de la colonia 20 de Noviembre, en Perote, donde se acreditó que un incendio provocado fue utilizado como pretexto para deforestar e iniciar una explotación ilegal de tepezil; también refirió otro caso similar en la misma zona y uno más en Paso Panal, municipio de Jico, donde se detectó el uso irregular de folios de aprovechamiento forestal para “blanquear” madera extraída de manera ilegal. En este último, dijo, ya existen imputados.
González Naveda aseguró también que dos denuncias involucran directamente al alcalde de Perote, quien —afirmó— está siendo investigado tanto por PROFEPA como por la Procuraduría del Medio Ambiente. Añadió que otro de los focos rojos se encuentra en la comunidad de La Gloria, donde acusó que pobladores del municipio poblano de El Progreso entran de manera ilegal a los bosques del lado veracruzano para talar y sacar madera, situación que, dijo, ocurre desde hace años.
Sobre este caso, indicó que ya existe una ruta para instalar una mesa de conciliación encabezada por el procurador agrario Víctor Suárez, entre el ejido de La Gloria y el ejido del Progreso, pero insistió en que también deben intervenir la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para dar seguimiento a las denuncias contra personas específicas.
El diputado denunció además que la corrupción en torno a la tala ilegal alcanza incluso a dependencias federales. Afirmó que existen elementos para sostener que en SEMARNAT fueron robados más de 300 folios de aprovechamiento forestal, los cuales habrían sido vendidos a taladores ilegales para facilitar operaciones de saqueo. Dijo que el responsable de la oficina fue separado de su cargo, aunque la investigación continúa, y advirtió que quienes participaron en ese robo podrían seguir laborando en esa dependencia.
Durante la conferencia también participaron ejidatarios y propietarios forestales. Uno de ellos, Eduardo Durán, de la colonia 20 de Noviembre, relató que desde hace cerca de 30 años realizan aprovechamiento forestal sustentable y cumplen con las condiciones que marcan las autoridades, como apertura de brechas cortafuego, cercado de áreas, podas y reforestación. Sin embargo, denunció que mientras realizan esas labores, grupos externos ingresan a sus predios y derriban árboles, afectando no solo su patrimonio, sino también el ciclo de corta y la viabilidad económica de sus actividades.
Durán lamentó que, pese a múltiples denuncias presentadas desde 2022, las autoridades no han logrado detener a los responsables ni garantizar justicia. Afirmó que el problema ya no solo debe verse como una afectación patrimonial individual, sino como una amenaza directa al equilibrio ambiental y al suministro futuro de agua para la región.
Finalmente, los integrantes del Frente y el legislador coincidieron en que la tala ilegal ya no puede verse como un fenómeno aislado ni normalizarse como parte de la vida cotidiana en la montaña. Advirtieron que se trata de una estructura de corrupción y depredación que involucra intereses económicos, tolerancia institucional y violencia contra quienes defienden el territorio.
“No están solos”, expresó el diputado al dirigirse a las comunidades afectadas, al reiterar que la lucha por el Cofre de Perote no es la causa de una sola persona, sino de un frente ciudadano decidido a defender los bosques, el agua, el territorio y la vida. / FOTOJAROCHA.COM.MX
