Xalapa, Ver, 01 de Septiembre de 2026
Con el propósito de fortalecer el marco jurídico que protege el derecho a una muerte digna, el diputado Ramón Díaz Ávila propuso ante la LXVII Legislatura una reforma a la Ley de Voluntad Anticipada de Veracruz para precisar los conceptos relacionados con la eutanasia, la ortotanasia y la simplificación de los trámites para revocar la declaración de voluntad anticipada.
La iniciativa reconoce la voluntad anticipada como un derecho humano para personas en etapa terminal a través del cual los pacientes pueden manifestar su negativa a recibir tratamientos médicos que prolonguen artificial e innecesariamente su vida, privilegiando el respeto a su dignidad y derechos fundamentales.
El legislador Díaz Ávila detalló que la propuesta se sustenta en la ortotanasia, entendida como el respeto al proceso natural de la muerte, lo que implica evitar prolongar innecesariamente la vida, proporcionando exclusivamente, cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento, delimitando interpretaciones erróneas que confundan el procedimiento con la eutanasia.
En ese sentido, se plantea incorporar dicha definición para prohibirla expresamente en la legislación estatal, dando claridad que la voluntad anticipada no autoriza acciones deliberadas para provocar el deceso de una persona. Asimismo, integra el concepto de dignidad humana como el principio rector en la atención médica terminal, en concordancia con los Tratados Internacionales.
Por otra parte, se prevé simplificar el procedimiento para cancelar o revocar la voluntad anticipada. “Aunque actualmente el ciudadano puede revocar su decisión, la propuesta busca eliminar obstáculos institucionales. Se permitirá que este acto se realice directamente ante las autoridades de salud mediante un documento interno, sin depender obligatoriamente de un trámite notarial”, precisó el diputado.
Finalmente, detalló que la Ley de Voluntad Anticipada no busca acelerar la muerte, sino garantizar un trato médico digno y asegurar que el paciente conserve siempre la posibilidad de cambiar de opinión.
La iniciativa, a la que se adhirió la diputada María Elena Córdova Molina, fue turnada para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
