Xalapa, Ver, 10 de agosto de 202.- Veracruz continúa siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ante la persistencia de homicidios, amenazas, desapariciones y otras agresiones contra comunicadores, además de investigaciones deficientes que, en muchos casos, no han permitido llegar hasta los autores intelectuales de los ataques.
Así lo señalaron Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez, al presentar el informe “Prohibido investigar”, un trabajo de 79 páginas que analiza las deficiencias en las investigaciones de los homicidios de periodistas relacionados con el diario Notiver.
Los especialistas advirtieron que los casos de violencia contra periodistas en Veracruz no deben analizarse como hechos aislados, sino dentro de un contexto de macrocriminalidad, en el que pudieron haber intervenido redes de poder relacionadas con el crimen organizado, empresas y autoridades.
Explicaron que el informe surgió a partir del acompañamiento jurídico que Propuesta Cívica realiza en los casos de periodistas vinculados con Notiver, entre ellos Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, así como otros comunicadores asesinados en ese contexto.
De acuerdo con los abogados, al revisar las carpetas de investigación encontraron diversas vulnerabilidades y deficiencias tanto en el ámbito estatal como federal, principalmente porque las autoridades estudiaron los homicidios de manera separada, sin analizar las posibles conexiones entre ellos.
“Lo que más falló es que todos estos acontecimientos se estudiaron aisladamente, cuando en Veracruz estaba desarrollándose un contexto de macrocriminalidad”, señalaron.
Consideraron que esta falta de una investigación integral contribuyó a que los casos permanecieran en la impunidad, pues hubo elementos que pudieron haberse utilizado desde un principio para realizar investigaciones más profundas y establecer posibles vínculos entre los diferentes hechos.
Los representantes de Propuesta Cívica advirtieron que este patrón no ha desaparecido y que actualmente continúan registrándose agresiones contra periodistas, amenazas, desapariciones y homicidios.
Como ejemplo mencionaron el caso reciente de Roxana, ocurrido en Juchitán, al considerar que demuestra que los periodistas comunitarios también enfrentan un elevado nivel de vulnerabilidad.
Explicaron que las agresiones ya no se limitan a los medios de comunicación tradicionales, debido a que actualmente existen periodistas que informan mediante páginas de Facebook, plataformas digitales y otros medios comunitarios.
En ese sentido, señalaron que las autoridades no deben minimizar la labor de quienes ejercen el periodismo desde comunidades o regiones alejadas de las grandes ciudades.
“Los periodistas son los que están en el campo, los que están buscando las notas, los que están haciendo la fuente”, puntualizaron, al advertir que no deben ser criminalizados ni discriminados por el tipo de plataforma mediante la cual realizan su trabajo.
Advierten que se repite la misma historia.
Los abogados consideraron que algunos de los patrones identificados en los casos de Notiver continúan presentes actualmente.
Señalaron que anteriormente las autoridades llegaron incluso a criminalizar a periodistas asesinados, al manejar como línea de investigación la posibilidad de que estuvieran vinculados con grupos delictivos.
Advirtieron que esta práctica representa un problema, debido a que desvía las investigaciones y coloca la responsabilidad sobre las propias víctimas en lugar de analizar de manera seria quiénes pudieron haber ordenado los ataques y cuáles fueron las causas relacionadas con su actividad periodística.
Para Propuesta Cívica, las instituciones encargadas de investigar estos delitos deben utilizar las herramientas de inteligencia con las que actualmente cuentan para identificar no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y las estructuras que permiten que estos crímenes continúen.
“La misma película con distintos actores”, señalaron al referirse a las agresiones que actualmente enfrentan periodistas en Veracruz.
Amenazas, una posible antesala de los homicidios.
Propuesta Cívica consideró que una de las principales áreas de oportunidad se encuentra en la investigación de las amenazas contra periodistas.
Explicaron que las amenazas deben ser consideradas como una posible antesala de agresiones más graves y que existen diligencias específicas que pueden realizarse para detectar riesgos y prevenir homicidios.
Por ello, manifestaron su disposición para establecer comunicación con las autoridades estatales y compartir los conocimientos y hallazgos obtenidos a partir de sus investigaciones.
La intención, señalaron, es que las autoridades actúen de manera preventiva y no solamente cuando ya ocurrió un homicidio.
“Las autoridades están actuando como bomberos: ya inició el incendio, en vez de prevenirlo”, señalaron.
CEAPP está rebasada, consideran.
Respecto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), los representantes de Propuesta Cívica consideraron que actualmente se encuentra rebasada ante el contexto de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en Veracruz.
A su consideración, el organismo requiere un replanteamiento y una renovación que le permita cumplir de manera efectiva con la misión para la cual fue creado, particularmente en materia de atención a víctimas.
También consideraron necesario contar con un registro oficial de periodistas agredidos, pues actualmente las cifras disponibles provienen principalmente de organizaciones de la sociedad civil.
“No se puede mejorar lo que no se mide”, señalaron.
Sin embargo, reconocieron que la elaboración de un censo de periodistas representa un reto, principalmente por la dificultad de establecer quién debe ser considerado periodista en un contexto donde cada vez existen más formas de comunicación.
Advirtieron además que un registro mal diseñado podría convertirse incluso en un factor de riesgo para los propios comunicadores, por lo que cualquier mecanismo de este tipo tendría que garantizar la protección de los datos y evitar discriminaciones.
Reportan 19 homicidios de periodistas desde 2002.
De acuerdo con las cifras mencionadas durante la presentación, en Veracruz se han documentado 19 homicidios de periodistas desde 2002, además de casos de desaparición y numerosas agresiones, amenazas y robos.
Los representantes de Propuesta Cívica señalaron que el fenómeno de violencia contra periodistas no puede medirse únicamente por los homicidios, pues existe una amplia cadena de agresiones que comienza desde las amenazas y otros actos de intimidación.
También señalaron que no es posible establecer una cifra definitiva sobre cuántos casos han alcanzado justicia, debido a que existen investigaciones en diferentes etapas, tanto en el ámbito estatal como federal.
Explicaron que en algunos casos se han realizado detenciones y se ha vinculado a proceso a presuntos responsables, pero posteriormente algunos procedimientos se han caído o los acusados han quedado en libertad.
Además, insistieron en que llegar únicamente a los autores materiales no representa una investigación completa, pues es necesario identificar a quienes ordenaron o facilitaron los ataques.
“Prohibido investigar”, un análisis de las fallas.
El informe “Prohibido investigar” fue elaborado después de aproximadamente un año de trabajo de recopilación, revisión y sistematización de información.
Propuesta Cívica explicó que lleva alrededor de una década acompañando los casos relacionados con Notiver, aunque fue hace aproximadamente dos años cuando tuvo un acercamiento más estrecho con las familias de las víctimas.
Al constituirse como asesores jurídicos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), tuvieron acceso a las carpetas de investigación, lo que permitió revisar de manera detallada las actuaciones realizadas por las autoridades.
En este proceso también participaron especialistas y consultores, entre ellos Omar Trejo, exfiscal relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa, quien contribuyó a identificar patrones, vulnerabilidades y deficiencias en las investigaciones.
Los autores del informe sostienen que los casos de Notiver deben servir como una lección para evitar que las mismas fallas se repitan en las investigaciones actuales.
El planteamiento central es que los homicidios y agresiones contra periodistas deben analizarse dentro del contexto en el que ocurren y no como hechos aislados, pues detrás de ellos pueden existir estructuras criminales, redes de complicidad, tolerancia institucional o actores que buscan silenciar la labor informativa.
Finalmente, Propuesta Cívica insistió en que proteger a los periodistas significa también proteger a la sociedad, pues cuando un comunicador es amenazado, atacado o asesinado, no solamente se vulnera a una persona, sino el derecho de toda una comunidad a estar informada.
La organización llamó a las autoridades estatales y federales a fortalecer la coordinación, investigar de manera integral las agresiones y establecer mecanismos preventivos que permitan actuar antes de que las amenazas contra periodistas se conviertan en homicidios.
